Como explicamos en una entrada anterior, el Decret llei 6/2025, de mesures urgents per accelerar projectes estratègics, publicado en septiembre, fue concebido como un instrumento clave para facilitar y agilizar la tramitación de inversiones estratégicas en las Illes Balears, tanto públicas como privadas.
Sin embargo, el Parlament balear no ha convalidado la norma, lo que supone su pérdida de vigencia y la desaparición de la figura de los Proyectos de Especial Interès Estratègic (PEIE) que regulaba.
Un impacto negativo en la confianza y la inversión
Se trata de un contratiempo notable que compromete la viabilidad de muchas iniciativas de inversión, tanto públicas como privadas, que habían visto en este decreto una vía clara y segura para superar las dificultades de la tramitación urbanística y administrativa.
Más aún, la derogación inmediata de la norma envía un mensaje preocupante a los inversores nacionales e internacionales, que requieren seguridad jurídica y estabilidad normativa para comprometer sus recursos en proyectos de gran impacto.
La necesidad de un marco normativo estable para las actuaciones de adaptación al cambio climático
Entre los ámbitos que más habrían podido beneficiarse de esta regulación destacan los proyectos de adaptación al cambio climático en la costa, iniciativas públicas que requieren rapidez, coordinación interadministrativa y certidumbre jurídica.
La no convalidación del DL 6/2025 pone de manifiesto la necesidad urgente de un marco estable, amplio y favorable para impulsar este tipo de actuaciones estratégicas, que no pueden quedar bloqueadas por la complejidad procedimental, competencial o por inseguridad normativa.
Nuestra visión
En Araújo & Benetti consideramos que, pese a la no convalidación del DL 6/2025, la necesidad de una regulación específica para proyectos estratégicos sigue siendo evidente. La experiencia demuestra que los inversores —públicos y privados— necesitan seguridad jurídica y procedimientos ágiles para comprometer recursos en actuaciones de gran calado.
Confiamos en que el Govern y el Parlament retomen esta cuestión y aprueben una norma duradera que ofrezca la certidumbre que nuestro tejido económico y social demanda.